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Según los datos recopilados por el servicio público de empleo (SEPE), en España en la última década (2010-2020) se han firmado un total de 194,8 millones de contratos; la inmensa mayoría temporales. Para ponerlo en proporción, la población trabajadora en España es actualmente de 19,6 millones de afiliados a la Seguridad Social. Este 2021 se han recuperado prácticamente los ritmos de contratación previos a la pandemia y, hasta octubre, se han registrado un total de 15,6 millones de contratos. Dos de cada 10 duraron menos de una semana y la duración media se encuentra actualmente en 54 días.

Además de las visitas a los propios centros de trabajo, una de las actuaciones empleadas por la Inspección en estas campañas es el envío masivo de cartas a las empresas, donde mediante el cruce de datos con Seguridad Social los agentes detectan comportamientos anómalos y que podrían encajar con supuestos de fraude. En febrero de este año, cuando se activó el primer plan de choque contra la temporalidad, Inspección remitió un total de 79.284 cartas a empresas alertando de esos indicios de fraude. Solo con ese aviso de probable visita se regularizaron un total de 118.994 contratos; según los datos facilitados por Trabajo.

La campaña de la Inspección de Trabajo contra la eventualidad ilegal lleva 267.000 conversiones realizadas en lo que va de año. Leer noticia

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas junto con la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Se trata de dos medidas capitales dentro de la cartera social del Ejecutivo, que han salido adelante con distinto grado de respaldo por parte de los agentes sociales. Mientras que el aumento del SMI contó únicamente con la aprobación de los sindicatos, la expansión más allá del 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo obtuvo finalmente el beneplácito de la patronal tras ser sometido a la valoración de sus órganos internos.

A pesar de que los sindicatos estimaban necesario que el Gobierno acordarse un crecimiento de no menos de 25 euros para el actual ejercicio, junto con un compromiso para elevarlo en enero de 2022 hasta los 1.000 euros, el Ejecutivo fijó finalmente una cantidad inferior, pero se comprometió a mantener la senda de crecimiento. Esos 15 euros se situaban en el centro de la propuesta elaborada por el comité de expertos reunido por Trabajo, y que en su informe final había situado la horquilla de elevación para 2021 entre los 12 y los 19 euros. Los cálculos del comité se dirigen hacia el compromiso adquirido por el Gobierno de elevar el salario mínimo hasta que represente el 60% del salario medio en España al final de la legislatura, en 2023.

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